La seguridad democrática, entre otras cosas, exige a los Estados -en sus diversos niveles organizacionales- avanzar hacia la toma de decisiones basadas en evidencia empírica, con el objetivo de equilibrar el respeto de los derechos fundamentales y la efectividad de impacto sobre la criminalidad.

Ello en función de que la producción de información y su correcto uso como respaldo, reduce los márgenes de discrecionalidad -que suele promover políticas violentas y poco efectivas- para dar el salto hacia el diseño e implementación de políticas basadas en información de calidad sobre los problemas de seguridad y, en consecuencia, intentar mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Abordar la seguridad desde una perspectiva democrática implica producir conocimiento, cualitativo y cuantitativo sobre la criminalidad, para orientar las acciones gubernamentales hacia el cumplimiento los siguientes objetivos generales:

• Identificar las violencias, los delitos, los fenómenos criminales y los mercados criminales, en concreto que se despliegan o tienen consecuencias -directas o indirectas- sobre sus territorios, para tomar decisiones estratégicas.
• Reducir los niveles de violencia estatal a la mínima expresión, siendo utilizada como última opción y cuando se considere realmente efectiva, buscando alternativas de políticas preventivas que no se reduzcan al mero aumento del policiamiento.
• Generar articulación intergubernamental, desde una perspectiva holística e integral de los problemas vinculados a la seguridad, como así promover interacciones con asociaciones civiles con presencia en territorio, la ciudadanía como colectivo afectado y el sector privado vinculado al problema en concreto.
• Optimizar los recursos estatales, que suelen ser escasos, procurando su utilización de la forma más eficiente y eficaz posible para la obtención de resultados en materia de prevención de la criminalidad.

Para lograr dichos objetivos, se torna imprescindible que los gobiernos cuenten, dentro de sus diversas dependencias, con profesionales especializadxs en el estudio y abordaje de la criminalidad y de las violencias. Es decir, que cuenten con analistas criminales que puedan manejar grandes volúmenes de información; que tengan la capacidad analítica para comprender las diversas dimensiones y aristas de la criminalidad; y que puedan apoyar a las personas con capacidad de decisión política en el diseño e implementación de diversas políticas públicas en materia de seguridad que tiendan a la eficacia.

En este sentido, el análisis criminal ha evolucionado en las últimas décadas, instalándose como una necesidad urgente de los gobiernos democráticos y como un área de vacancia formativa en nuestra región. Es en este contexto, que esta diplomatura se ha diseñado especialmente para la formación de analistas criminales con el fin de apoyar y contribuir a la promoción de mejores diseños de políticas públicas en materia de seguridad.