El diseño de una política criminal y de seguridad con perspectiva de género implica poner en crisis un modelo securitario clásico inserto en un esquema diseñado de forma cis heteropatriarcal, donde el hacedor de políticas tradicionalmente se identifica con un varón, ubicando a las mujeres y personas LGBTI+ en el lugar de víctimas o imputadas. Tensionar estos ejes de análisis permite, además, incluir variables interseccionales a la comprensión del tema, entendiendo que los grupos sociales sobre los que intervienen estas políticas se encuentran atravesados por múltiples categorías sociales que funcionan como privilegios o como factores de opresión y discriminación, como el género, la raza, la clase, la nacionalidad, la religión, entre otras.
En este contexto, pensar las políticas públicas con perspectiva de género permite identificar los diversos factores de opresión y exclusión que subordinan y condicionan a las mujeres cis y personas LGBTI+ para diseñar e implementar estrategias y acciones situadas e inclusivas. Se trata de procesos complejos que implican no solo lograr el compromiso de la voluntad política de quienes deciden las políticas, sino también generar espacios de debate al interior de las instituciones, introducir en la práctica el análisis de la información desde una perspectiva de género, y desarrollar herramientas que hagan efectiva su aplicación en las políticas públicas estatales.
Pensar estos procesos en el campo de la seguridad pública y la política criminal, por ende, en la prevención y represión del delito y las violencias, exige un compromiso mayor por parte del Estado para no caer en las tradicionales miradas punitivistas y policialistas, vinculadas al uso de la herramienta penal como única respuesta posible. No solo por el desmedido uso de la violencia estatal que implican sino también por su demostrada ineficiencia para la gestión de las conflictividades reales de las personas protagonistas de los problemas.
Por eso, este programa propone pensar y discutir políticas públicas de seguridad y criminal que permitan diseñar estrategias de abordaje bajo la perspectiva de la gestión de la conflictividad. Lo que en otras palabras implica diseñar acciones que tiendan a la eficacia pero siempre bajo el resguardo de los parámetros constitucionales y el Estado de derecho.
La seguridad democrática, entre otras cosas, exige a los Estados -en sus diversos niveles organizacionales- avanzar hacia la toma de decisiones basadas en evidencia empírica, con el objetivo de equilibrar el respeto de los derechos fundamentales y la efectividad de impacto sobre la criminalidad.
Ello en función de que la producción de información y su correcto uso como respaldo, reduce los márgenes de discrecionalidad -que suele promover políticas violentas y poco efectivas- para dar el salto hacia el diseño e implementación de políticas basadas en información de calidad sobre los problemas de seguridad y, en consecuencia, intentar mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
Abordar la seguridad desde una perspectiva democrática implica producir conocimiento, cualitativo y cuantitativo sobre la criminalidad, para orientar las acciones gubernamentales hacia el cumplimiento los siguientes objetivos generales:
- Identificar las violencias, los delitos, los fenómenos criminales y los mercados criminales, en concreto que se despliegan o tienen consecuencias -directas o indirectas- sobre sus territorios, para tomar decisiones estratégicas.
- Reducir los niveles de violencia estatal a la mínima expresión, siendo utilizada como última opción y cuando se considere realmente efectiva, buscando alternativas de políticas preventivas que no se reduzcan al mero aumento del policiamiento.
- Generar articulación intergubernamental, desde una perspectiva holística e integral de los problemas vinculados a la seguridad, como así promover interacciones con asociaciones civiles con presencia en territorio, la ciudadanía como colectivo afectado y el sector privado vinculado al problema en concreto.
- Optimizar los recursos estatales, que suelen ser escasos, procurando su utilización de la forma más eficiente y eficaz posible para la obtención de resultados en materia de prevención de la criminalidad.
Para lograr dichos objetivos, se torna imprescindible que los gobiernos cuenten, dentro de sus diversas dependencias, con profesionales especializadxs en el estudio y abordaje de la criminalidad y de las violencias. Es decir, que cuenten con analistas criminales que puedan manejar grandes volúmenes de información; que tengan la capacidad analítica para comprender las diversas dimensiones y aristas de la criminalidad; y que puedan apoyar a las personas con capacidad de decisión política en el diseño e implementación de diversas políticas públicas en materia de seguridad que tiendan a la eficacia.
En este sentido, el análisis criminal ha evolucionado en las últimas décadas, instalándose como una necesidad urgente de los gobiernos democráticos y como un área de vacancia formativa en nuestra región. Es en este contexto, que esta diplomatura se ha diseñado especialmente para la formación de analistas criminales con el fin de apoyar y contribuir a la promoción de mejores diseños de políticas públicas en materia de seguridad.
- Profesor: Vanesa Gisela Herrera
Políticas de prevención y control del narcotráfico.
Desafíos en el marco del régimen internacional de control de drogas.
El seminario se orienta a una comprensión integral del problema de las drogas, de la criminalización de sus diferentes manifestaciones y de las consecuencias que esa criminalización ha tenido a lo largo del tiempo. El problema de las drogas en general, y de la prevención y control del narcotráfico, en particular, se aborda desde el ámbito del diseño e implementación de políticas públicas, más específicamente desde un tipo particular de política pública, esto es, la política criminal. Los contenidos del seminario posibilitarán una evaluación de los desafíos que enfrenta la estrategia internacional de control de drogas vigente, frente a su crisis de efectividad ampliamente reconocida, así como de las políticas públicas alternativas que se discuten de manera creciente. En el marco de estas reflexiones globales, los contenidos se orientan hacia la evaluación de las políticas de prevención y control del narcotráfico en Argentina, sus impactos y sus posibles transformaciones.
- Profesor: mariana souto zabaleta