El diseño de una política criminal y de seguridad con perspectiva de género implica poner en crisis un modelo securitario clásico inserto en un esquema diseñado de forma cis heteropatriarcal, donde el hacedor de políticas tradicionalmente se identifica con un varón, ubicando a las mujeres y personas LGBTI+ en el lugar de víctimas o imputadas. Tensionar estos ejes de análisis permite, además, incluir variables interseccionales a la comprensión del tema, entendiendo que los grupos sociales sobre los que intervienen estas políticas se encuentran atravesados por múltiples categorías sociales que funcionan como privilegios o como factores de opresión y discriminación, como el género, la raza, la clase, la nacionalidad, la religión, entre otras.
En este contexto, pensar las políticas públicas con perspectiva de género permite identificar los diversos factores de opresión y exclusión que subordinan y condicionan a las mujeres cis y personas LGBTI+ para diseñar e implementar estrategias y acciones situadas e inclusivas. Se trata de procesos complejos que implican no solo lograr el compromiso de la voluntad política de quienes deciden las políticas, sino también generar espacios de debate al interior de las instituciones, introducir en la práctica el análisis de la información desde una perspectiva de género, y desarrollar herramientas que hagan efectiva su aplicación en las políticas públicas estatales.
Pensar estos procesos en el campo de la seguridad pública y la política criminal, por ende, en la prevención y represión del delito y las violencias, exige un compromiso mayor por parte del Estado para no caer en las tradicionales miradas punitivistas y policialistas, vinculadas al uso de la herramienta penal como única respuesta posible. No solo por el desmedido uso de la violencia estatal que implican sino también por su demostrada ineficiencia para la gestión de las conflictividades reales de las personas protagonistas de los problemas.
Por eso, este programa propone pensar y discutir políticas públicas de seguridad y criminal que permitan diseñar estrategias de abordaje bajo la perspectiva de la gestión de la conflictividad. Lo que en otras palabras implica diseñar acciones que tiendan a la eficacia pero siempre bajo el resguardo de los parámetros constitucionales y el Estado de derecho.
