La política de seguridad y la política criminal con bases democráticas exigen a los Estados -en sus diversos niveles organizacionales- avanzar hacia la toma de decisiones basadas en evidencia empírica, con el objetivo de lograr un impacto efectivo sobre la criminalidad, respetando los límites internos y externos que garanticen la vigencia de los derechos fundamentales.

La producción de información y su adecuado uso buscan reducir los márgenes de la discrecionalidad, ya que ella suele derivar en políticas violentas y poco efectivas. Por el contrario, el análisis criminal busca contribuir al diseño e implementación de políticas basadas en evidencia y orientadas a resultados. De ese modo, se busca lograr intervenciones de calidad sobre los problemas públicos criminales, en pos de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Abordar estas políticas desde una perspectiva democrática implica producir conocimiento cualitativo y cuantitativo sobre la criminalidad, para orientar las acciones gubernamentales hacia el cumplimiento los siguientes objetivos generales:

• Identificar y generar conocimiento sobre los patrones que explican las violencias, los delitos, los fenómenos criminales y los mercados criminales, como insumo para la toma de decisiones estratégicas.
• Reducir los niveles de violencia estatal a la mínima expresión, siendo utilizada como última opción y cuando se considere realmente efectiva, buscando alternativas de políticas preventivas que no se reduzcan al mero aumento del poder punitivo (policiamiento/encarcelamiento, entre otras manifestaciones).
• Generar articulación intergubernamental, desde una perspectiva holística e integral de los problemas vinculados a la seguridad, y promover interacciones con asociaciones civiles con presencia en territorio, la ciudadanía como colectivo afectado y el sector privado vinculado al problema en concreto.
• Optimizar los recursos estatales, que suelen ser escasos, procurando su utilización de la forma más eficiente y eficaz posible para la obtención de resultados en materia de prevención de la criminalidad.

Para lograr esos objetivos, se torna imprescindible que los gobiernos cuenten, dentro de sus diversas dependencias, con profesionales especializadxs en el estudio y abordaje de la criminalidad y de las violencias.

Es decir, que cuenten con analistas criminales que puedan manejar grandes volúmenes de información; que tengan la capacidad analítica para comprender las diversas dimensiones y aristas de la criminalidad; y que puedan apoyar a las personas con capacidad de decisión política en el diseño e implementación de diversas políticas públicas en materia de seguridad y política criminal que tiendan a la eficacia.

En este sentido, el análisis criminal ha evolucionado en las últimas décadas, instalándose como una necesidad urgente de los gobiernos democráticos y como un área de vacancia formativa en nuestra región.

Es en este contexto, que esta diplomatura se ha diseñado especialmente para la formación de analistas criminales con el fin de apoyar y contribuir a la promoción de mejores diseños de políticas públicas en esta materia.