La política de seguridad y la política criminal exigen a los Estados -en sus diversos niveles organizacionales- avanzar hacia la toma de decisiones basadas en evidencia empírica, con el objetivo de lograr un impacto efectivo sobre los principales problemas delictivos.

El análisis criminal surge como una herramienta fundamental para planificar y ejecutar intervenciones más efectivas disminuyendo los márgenes de discrecionalidad. A partir del análisis de información concreta, es posible desarrollar acciones más precisas, con mayor impacto territorial y mejores resultados en términos de prevención, control del delito y uso eficiente de los recursos disponibles.

Aplicar este enfoque implica producir y utilizar conocimiento cualitativo y cuantitativo sobre los delitos, las violencias y los fenómenos criminales, con el fin de orientar las acciones gubernamentales hacia los siguientes objetivos:

• Identificar y generar conocimiento sobre los patrones que explican las violencias, los delitos, los fenómenos criminales y los mercados criminales, como insumo para la toma de decisiones estratégicas.
• Reducir los niveles de violencia estatal a la mínima expresión, siendo utilizada como última opción y cuando se considere realmente efectiva, buscando alternativas de políticas preventivas que no se reduzcan al mero aumento del poder punitivo (policiamiento/encarcelamiento, entre otras manifestaciones).
• Generar articulación intergubernamental, desde una perspectiva integral de los problemas vinculados a la seguridad, y promover interacciones con asociaciones civiles con presencia en territorio, la ciudadanía como colectivo afectado y el sector privado vinculado al problema en concreto.
• Optimizar los recursos estatales, que suelen ser escasos, procurando su utilización de la forma más eficiente y eficaz posible para la obtención de resultados en materia de prevención de la criminalidad.

Para alcanzar estos objetivos, es necesario que las instituciones de seguridad y los entes gubernamentales cuenten con personal especializado en el análisis del delito, capacitado para manejar grandes volúmenes de información, interpretar indicadores clave, y apoyar con criterio técnico a quienes deben tomar decisiones estratégicas y operativas.

Es en este contexto, que esta diplomatura se ha diseñado especialmente para la formación de analistas criminales con el fin de apoyar y contribuir a la promoción de mejores diseños de políticas públicas en materia de seguridad.